TIPOLOGÍA DE GARANTÍAS

Las garantías definitivas son requeridas por el sector público para todas las licitaciones, según lo estipulado por ley a través de los pliegos de condiciones. De esta forma, las empresas están legalmente obligadas a constituir una garantía equivalente a un porcentaje del valor del contrato. La duración del contrato de seguro coincidirá, al menos, con la duración de la obligación garantizada.

Dentro de esta tipología, con caracter especial, podemos encontrar los siguientes subgrupos:

• Concesiones: Estas garantías tienen un carácter a largo plazo, con períodos que pueden extenderse hasta 20, 30, 40, 50 años o más.

• Urbanización: Se trata de garantías exigidas por las autoridades locales para proyectos en la fase de «urbanización». Estas garantías están vinculadas a la obtención de la licencia de obras.

• Anticipo: Este tipo de garantía se utiliza cuando el adjudicatario de una obra solicita a la Administración un anticipo sobre el presupuesto adjudicado para materiales. El Seguro de Caución en este caso garantiza que los materiales suministrados al contratista se incorporen a la ejecución del contrato según lo estipulado en el mismo, así como la correcta aplicación del anticipo a las obras en cuestión.

Estas garantías tienen como objetivo asegurar que la empresa mantenga su oferta para la licitación durante un período determinado. Se trata de garantías a corto plazo, con una vigencia típica de unos 3-4 meses. Se cancelan en dos situaciones principales: cuando el adjudicatario debe presentar la garantía definitiva o cuando no se le adjudica la obra o el contrato. Su propósito es brindar confianza a la entidad licitadora (comúnmente organismos públicos, aunque existen licitaciones privadas) de que la empresa mantendrá su oferta durante el proceso de licitación.

Estas garantías tienen como propósito asegurar que, al finalizar el período de actividad de una explotación minera o cantera, el entorno natural sea restaurado a su estado original. La Administración Pública requiere garantías para garantizar la rehabilitación del entorno natural que pueda ser afectado por la actividad industrial, por lo que exige garantías de restauración o protección ambiental.

La Autoridad Aduanera exige la constitución de una garantía cuyo importe corresponde a los derechos de importación o exportación y otros gravámenes. En ciertas operaciones, los productos ingresan al país de destino pero luego son reexportados después de un tiempo, y el importador prefiere no pagar los impuestos por adelantado. En estos casos, se solicita una garantía aduanera para reemplazar el pago de los derechos de importación o exportación.

Esta garantía asegura a la aduana el pago de los impuestos pendientes en caso de que las mercancías no salgan del país por cualquier motivo. Esta práctica es aceptada por las autoridades aduaneras en muchos países como una alternativa al pago inmediato de los impuestos al momento de la importación o exportación.

Las garantías en este contexto implican la responsabilidad de las ETTs frente a las posibles deudas derivadas de indemnizaciones, salarios y cotizaciones a la Seguridad Social que puedan surgir como resultado de su actividad como Empresas de Trabajo Temporal. Estas garantías son un componente crucial para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales asociadas al empleo temporal.

El afianzamiento de cantidades garantiza a los compradores de viviendas los anticipos entregados para la adquisición de las mismas en el caso de que el promotor no concluya las obras o no cumpla con los plazos acordados de entrega.

Esta garantía es un requisito indispensable al desarrollar una promoción de viviendas, ya que ofrece seguridad y protección a los compradores frente a posibles incumplimientos por parte del promotor. De esta manera, los compradores pueden tener la tranquilidad de que sus inversiones estarán protegidas en caso de cualquier eventualidad durante el proceso de construcción y entrega de las viviendas.